En un Estado constitucional, la restricción cautelar de la libertad antes de una sentencia firme requiere una justificación reforzada. La prisión preventiva no debe ser entendida como una pena anticipada, sino como una medida instrumental vinculada a finalidades procesales legítimas.
La evaluación judicial debe atender a las circunstancias concretas del caso y evitar motivaciones genéricas. La defensa técnica puede cuestionar la suficiencia de los elementos presentados, la existencia de riesgos procesales, la proporcionalidad de la medida y la posibilidad de adoptar alternativas menos gravosas.
Por tratarse de una materia altamente dependiente de los hechos y de la normativa vigente, toda estrategia debe definirse a partir de la revisión del expediente y de la etapa procesal correspondiente.